Posteado por: Mari Carmen | 27 agosto 2010

Legislación

El tratamiento del ruido como un contaminante ha adolecido desde siempre de muchas lagunas legales. La primera declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido se remonta a 1972, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió catalogarlo genéricamente como un tipo más de contaminación.

En la actualidad, España no dispone de una ley específica que regule lo referente al ruido. No obstante, aunque de un modo disperso, sí pueden encontrarse referencias a la contaminación acústica en otras normativas de carácter medioambiental.

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y la Constitución Española contienen preceptos que son aplicables a estas situaciones. En concreto y centrándonos en la Constitución Española existen artículos que legitiman la acción del individuo par luchar contra la contaminación acústica:

  • El artículo 18 garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, y a  la inviolabilidad del domicilio. Tanto el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos como nuestro Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidades Autónomas vienen interpretando el anterior precepto de forma muy estricta. Por ejemplo, la sentencia de 17-2-84 del Tribunal Constitucional dice: “es objeto de protección el espacio físico en sí mismo y lo que hay en el de emanación de la persona. La regla de inviolabilidad del domicilio es de contenido amplio e impone una serie de garantías y de facultades en las que se comprende las de vedar toda clase de invasiones, incluidas las que puedan realizarse por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos“. Y la de 29-5-2001 establece que “una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar“.
  • El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud y señala que “compete a los poderes públicos tutelar la salud pública a través de medidas preventivas necesarias” y que “la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.
  • El artículo 45,  sienta el principio de que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” y que “se establecerán sanciones penales” para los que violen estos derechos.
  • En cumplimiento de este mandato, el Código Penal castiga con penas de desde 6 meses hasta 4 años a los que realicen emisiones de ruidos que ocasionen riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, y con penas análogas a las autoridades o funcionarios que silenciaren las infracciones cometidas en esta materia.
  • En el acta del 11 de Mayo de 1989, el Tribunal Supremo reconoce este hecho al afirmar que ” el sistema jurídico ambiental integra de diversos Subsistemas, entre ellos la lucha contra la contaminación de cualquier tipo, incluida la acústica” .

Muchas comunidades autónomas han desarrollado los preceptos constitucionales mediante las correspondientes leyes y reglamentos, y la mayor parte de los ayuntamientos importantes disponen de ordenanzas que regulan el tema y establecen tablas detalladas de infracciones y sanciones

Posteriormente, la Ley 37/2003, del Ruido, desarrollada por los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre y 1367/2007, de 19 de octubre ha establecido un marco normativo común que todavía casi no ha tenido efecto en la normativa autonómica y local.

A pesar de todo lo anterior, la conciencia de la existencia de estos derechos y de que existen vías para su defensa no está suficientemente extendida, no solamente entre los ciudadanos sino incluso en amplios sectores de la Administración. Es, por ejemplo, paradójico que en muchas ciudades españolas las asociaciones creadas para defender los derechos citados hayan tenido que recurrir a los tribunales de justicia denunciando a las autoridades locales por no hacer cumplir las leyes o recurriendo sus ordenanzas por excesivamente permisivas.



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